Las investigaciones de dos casos de homicidio contra figuras públicas en el Estado de Guerrero, el diputado Jorge Bajos Valverde, y el periodista Amado Ramírez Dillanes, han sido documentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, quienes han emitido recomendaciones y solicitado investigaciones para fincar responsabilidades sobre quienes, de acuerdo con los dictámenes de dichas Comisiones, han incurrido en hechos violatorios de los derechos humanos de los acusados de ambos crímenes.
En abril del 2007, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Guerrero, Juan Alarcón Hernández, dio a conocer que la CNDH confirmó que los tres detenidos por el homicidio del diputado Jorge Bajos Valverde, habían sido torturados. De acuerdo al dictamen de la CNDH, los hermanos Aldy y Eder González Rodríguez y Nicolás Cardoso “fueron presionados física y psicológicamente para firmar documentos que no les permitieron leer” (citado por el periódico El Universal, el día 19 de abril del 2007).
Recientemente, la CNDH, a través de la recomendación 001/2008, indica en el cuarto párrafo que: “Para esta Comisión Nacional quedó acreditado que los señores Genaro Vázquez Durán y Leonel Bustos, fueron sometidos a tratos crueles y/o degradantes y tortura”.
La Iglesia, en su Doctrina Social Cristiana, se pronuncia porque en la realización de las averiguaciones se observe escrupulosamente la regla que prohíbe la práctica de la tortura, aún en el caso de los crímenes más graves. El discípulo de Cristo rechaza todo recurso a tales medios, que nada es capaz de justificar y que envilecen la dignidad del hombre, tanto en quien es la víctima como en quien es su verdugo. Los instrumentos jurídicos internacionales que velan por los derechos del hombre indican justamente la prohibición de la tortura como un principio que no puede ser derogado en ninguna circunstancia.
En ambos casos de homicidio, las Comisiones de Derechos Humanos a nivel estatal y nacional, han registrado otras inconsistencias, por lo que han emitido recomendaciones para que se investigue a quienes hubieran incurrido en actos violatorios de los derechos humanos.
Otra recomendación importante que han hecho las Comisiones de Derechos Humanos, y que es apoyada por actores políticos y del medio periodístico, es que se abran otras líneas de investigación, en una búsqueda para llegar al conocimiento de la verdad y se pueda aplicar la justicia con certeza.
Consideramos que la actividad de las instituciones encargadas de la averiguación de la responsabilidad penal, ha de tender a la rigurosa búsqueda de la verdad y se ha de ejercer con respeto pleno de la dignidad y de los derechos humanos de las personas.
Estos dos casos que han atraído los reflectores por tratarse de figuras públicas, un político y un periodista, muestran la necesidad de que se capaciten científica, técnica y éticamente los responsables de la procuración de la justicia, pues si estas irregularidades se estuvieran cometiendo con personas que tienen una amplia relevancia social, qué podríamos esperar cuando se tratara de ciudadanos comunes del pueblo, quienes son menos visibles. Por tanto, los procesos y las averiguaciones penales deben realizarse con pleno respeto a la dignidad humana y un estricto apego a la verdad, para que se haga justicia.